- La Comisión de Concertación se instalará oficialmente el 1 de diciembre de 2025.
- La fecha límite para la expedición del decreto del salario mínimo es el 30 de diciembre.
- Las centrales obreras proponen un incremento de al menos el 10%, llevando el salario a $1.565.850 aprox.
- Fedesarrollo sugiere un aumento técnico entre el 6,5% y el 7%.
- Fenalco advierte que un alza del 11% elevaría el costo total por trabajador a $2.8 millones.
- La inflación proyectada para el cierre de 2025 se estima en 5,2% y para 2026 en 4%.
- El 9 de diciembre se presentarán las ofertas oficiales y los datos macroeconómicos del gobierno.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, oficializó este viernes 21 de noviembre el calendario definitivo para la negociación del salario mínimo que regirá en Colombia durante 2026. La Comisión Nacional de Concertación, instancia tripartita compuesta por trabajadores, empresarios y representantes del Ejecutivo, se instalará formalmente el próximo 1 de diciembre con el objetivo de definir el incremento salarial antes del vencimiento legal del 30 de diciembre. Mientras las centrales obreras anticipan una exigencia de aumento de dos dígitos, los gremios empresariales y centros de pensamiento sugieren cifras más moderadas alineadas con la inflación proyectada.
Calendario oficial de la mesa de concertación
El Ministerio del Trabajo estableció que el proceso técnico iniciará el 28 de noviembre de 2025 con la sesión de la subcomisión de productividad, paso previo indispensable antes de la instalación oficial de la mesa el 1 de diciembre. Durante estas primeras sesiones, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentará los datos de productividad laboral, un factor determinante que, sumado a la inflación causada y proyectada, constituye la fórmula base para el cálculo del ajuste salarial según la ley colombiana.
El cronograma pactado estipula momentos críticos para la negociación. El 5 de diciembre, el Dane revelará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre y el acumulado anual, dato que servirá de piso para la discusión. Posteriormente, el 9 de diciembre se realizará una sesión clave donde el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República expondrán sus proyecciones macroeconómicas, y las partes presentarán formalmente sus ofertas de incremento. Las jornadas de concertación intensiva tendrán lugar entre el 11 y el 15 de diciembre, siendo esta última fecha el primer vencimiento legal para intentar lograr un acuerdo concertado.
En caso de no lograrse un consenso en la primera etapa, el proceso entrará en una fase de revisión de salvedades los días 16 y 17 de diciembre. El Gobierno ha reservado fechas extraordinarias hasta el 29 de diciembre para agotar todos los recursos de diálogo social. Si para el 30 de diciembre no existe un acuerdo firmado, el Ejecutivo tendrá la potestad y la obligación de expedir el decreto con el aumento unilateralmente, basándose en los insumos técnicos discutidos.
Propuestas económicas y posturas enfrentadas
Las centrales obreras han unificado su postura preliminar para exigir un incremento del salario mínimo de al menos un 10 por ciento para 2026, lo que elevaría la remuneración básica a aproximadamente 1.565.850 pesos sin incluir el auxilio de transporte. Esta posición busca recuperar el poder adquisitivo perdido y garantizar una renta básica suficiente para los hogares colombianos, bajo la premisa gubernamental de lograr un aumento real en los ingresos de los trabajadores, superando las políticas de administraciones anteriores que ajustaban los salarios muy cerca al dato de inflación.
En contraste, centros de pensamiento económico como Fedesarrollo recomiendan un aumento prudente que oscile entre el 6,5 y el 7 por ciento. Según sus análisis técnicos, un ajuste en este rango situaría el salario mínimo alrededor de los 1.523.145 pesos, cifra que permitiría mantener el poder de compra sin generar presiones inflacionarias adicionales ni desincentivar la contratación formal. Esta visión técnica choca con las aspiraciones sindicales, configurando un escenario de negociación complejo que deberá ser mediado por el Ministerio del Trabajo.
Preocupaciones del sector empresarial
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtió que un incremento salarial del 11 por ciento, cifra cercana a lo sugerido por sectores afines al Gobierno, elevaría el costo laboral total por empleado a cargo de las empresas a la suma de 2.800.499 pesos mensuales. El gremio argumenta que un reajuste de tal magnitud representaría más del doble de la inflación esperada para el cierre de 2025, proyectada en 5,2 por ciento, y casi el triple de la meta inflacionaria de 2026, estimada en un 4 por ciento.
Los empresarios sostienen que un aumento desproporcionado podría frenar la generación de empleo formal y fomentar la informalidad laboral. Su argumento se basa en que los costos no salariales asociados a la nómina (seguridad social, parafiscales y prestaciones) se indexan automáticamente con el salario mínimo, multiplicando el impacto financiero para las pequeñas y medianas empresas. Por ello, insisten en que cualquier decisión debe estar estrictamente ligada a la productividad y a la realidad macroeconómica del país para evitar efectos adversos en la economía real.
Estrategia del gobierno y visión ministerial
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el Ejecutivo definirá su propuesta concreta tras analizar los informes técnicos que el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República presentarán a principios de diciembre. Sanguino enfatizó que la administración del presidente Gustavo Petro mantiene la vocación de concertación, evitando adelantar una cifra específica para no entorpecer la dinámica de la mesa, aunque reiteró la intención política de distanciarse de los aumentos conservadores del pasado.
El jefe de la cartera laboral sostendrá reuniones estratégicas con el presidente Petro en los próximos días para alinear la postura gubernamental. El objetivo del Gobierno es actuar como garante del diálogo social, buscando un equilibrio que permita mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
La administración ha criticado que en periodos anteriores los aumentos apenas cubrían la inflación, lo que en la práctica estancaba el ingreso real de los trabajadores, una tendencia que buscan revertir en esta negociación para 2026.